Imprimir

Ecuador - Refugiados

En materia de refugio, la política de Ecuador tiene como principal objetivo garantizar el irrestricto respeto a los derechos humanos, y la promoción y defensa de los derechos fundamentales de todas las personas, sin excepciones, como lo determinan los fundamentos políticos del Gobierno Nacional. Esto implica la necesidad de elaborar nuevos criterios de interpretación para la determinación de la condición de refugiado, basados en la definición ampliada de refugiado contenida en la Declaración de Cartagena de 1984, y recogida en el Artículo 2 del Decreto Ejecutivo 3301 de 6 de mayo de 1992 con las modificaciones realizadas en 2009. 

Igualmente, se considerarán como refugiados a las personas que han huido de su país porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos y otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público.

La comisión para determinar la condición de los refugiados en el Ecuador se creó mediante el Decreto Ejecutivo 3301 y bajo la coordinación del Ministerio de Relaciones Exteriores. Está  integrada por dos funcionarios de la Cancillería y uno del Ministerio de Gobierno, y a cuyas sesiones podrá ser convocado, en calidad de observador, un Representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

La solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado puede realizarse por el interesado, por un representante autorizado o por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Los refugiados en Ecuador gozan de los mismos derechos que la Constitución y las leyes de la República reconocen a los extranjeros en general, y gozan también de los derechos previstos en la Convención de 1951.

A nivel constitucional se reconocen los derechos de asilo y refugio, de acuerdo con la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Las personas que se encuentren en condición de asilo o refugio gozarán de protección especial que garantice el pleno ejercicio de sus derechos. El Estado respetará y garantizará el principio de no devolución, además de la asistencia humanitaria y jurídica de emergencia. No se aplicará a las personas solicitantes de asilo o refugio sanciones penales por el hecho de su ingreso o de su permanencia en situación de irregularidad.