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México - Tendencias y características de la política migratoria desde fines del siglo XX a la actualidad

La política migratoria del Estado Mexicano se puede definir como el conjunto de decisiones estratégicas para alcanzar objetivos determinados, que con fundamento en principios generales y preceptos contenidos en acuerdos internacionales ratificados por el país, leyes nacionales, reglamentos y normas secundarias en la materia, se plasma en programas y acciones concretas para atender el fenómeno migratorio de México de manera integral, como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. Esta política ha tenido cambios sustantivos en la última década, hasta llegar a la Ley de Migración publicada el 25 de mayo de 2011. Sin embargo, esos cambios, realizados a través de innumerables programas y acciones, todavía no han sido integrados en un documento que los explicite en forma coherente.  

El poder ejecutivo determina la política migratoria del país en su parte operativa, para lo cual debe considerar las demandas y posicionamientos de los otros poderes de la Unión, de los gobiernos de las entidades federativas y de la sociedad civil organizada. Debe además establecer mecanismos de coordinación con los tres niveles de gobierno, y de cooperación con los sectores privado y social, dirigidos a la atención integral del fenómeno migratorio, considerando en todo momento la tradición humanitaria de México y su compromiso indeclinable con los derechos humanos, el desarrollo y la seguridad nacional y fronteriza.

Un esfuerzo importante para impulsar una política migratoria del Estado mexicano sobre una plataforma común, fue la contribución del documento México frente al fenómeno migratorio, publicado en 2005, que se realizó por consenso a iniciativa del Ejecutivo Federal y del Senado de la República, con la participación de un grupo integrado por funcionarios del gobierno, senadores y diputados, académicos, expertos en asuntos migratorios y representantes de organismos de la sociedad civil. El documento se enfocó esencialmente en el tema de la emigración mexicana y la reforma migratoria en Estados Unidos. Para atender de manera particular la gestión migratoria en la zona de la frontera sur mexicana, donde confluyen flujos de origen, tránsito y destino de migrantes, en el mismo 2005 se publicó la Propuesta de política migratoria integral en la frontera sur de México. 

En la actualidad, el gobierno mexicano impulsa una política y gestión migratoria, que tiene por objeto facilitar los flujos migratorios documentados; ordenar y modernizar los procesos de ingreso y legal estancia de extranjeros; lograr el pleno respeto a los derechos humanos de los viajeros y migrantes; mejorar la gestión de control de los flujos migratorios irregulares; y coadyuvar de manera efectiva en la salvaguarda de la seguridad pública y nacional. Estas tendencias se ven claramente reflejadas y fortalecidas en la Ley de Migración de 2011, sin que esto signifique que son todos objetivos logrados a satisfacción. 

No obstante las limitaciones de tenía la Ley General de Población de 1974, esta orientación política ha sido posible gracias a las reformas efectuadas al marco normativo previo a la Ley de Migración de 2011, como ya se señaló en el apartado anterior, y a la aprobación de nuevas leyes para temas específicos, así como a acciones y programas desarrollados en parte, con fundamento en los instrumentos internacionales firmados y ratificados por México. 

En las dos últimas décadas, esas limitaciones normativas pesaron más en lo relativo a la sobre regulación para la entrada y estadía de extranjeros en el país, así como por la ausencia de normatividad específica referente a los derechos de los migrantes, en especial para los que están en tránsito irregular por México. Aspectos que no contribuían a la activa participación de México en los procesos de globalización e integración regional y al cumplimiento de diferentes instrumentos jurídicos internacionales, firmados y ratificados por México, que le imponen obligaciones sobre todo en materia de protección de derechos de migrantes, atención especial a grupos vulnerables, facilitación de la movilidad de personas y contribución a la seguridad hemisférica. 

Facilitación de la movilidad internacional de personas

En la última década, para facilitar la movilidad internacional de personas y la legal estancia de extranjeros, se desarrollaron diversas iniciativas, entre las que se pueden mencionar:

  • Cambio gradual hacia un régimen de visas de larga duración y entradas múltiples hasta por 10 años, para turistas y personas de negocio de nacionalidades que requieren este requisito para ingresar al país, así como la simplificación y creación de otros mecanismos para facilitar la entrada de estos.
  • La ampliación a 180 días del permiso de estancia, una vez que entran al país turistas, personas de negocio y transmigrantes documentados, independientemente de que su estancia sea más corta. Esto con el objetivo de promover la llegada de visitantes documentados y evitar la realización de trámites de extensión de permisos como visitantes. En el mismo sentido, desde 2008 México participa en el esquema de facilitación a la entrada de personas de negocios en el marco de la tarjeta ABTC (APEC Travel Business Card). 
  • El programa viajero confiable entre México y Estados Unidos (Global Entry Program), puesto en marcha en 2011 en una primera etapa, permite que miles de mexicanos que viajan por vía aérea puedan internase tanto a Estados Unidos como a México con rapidez y sin hacer filas en los filtros migratorios de los aeropuertos participantes de ambos países. La segunda fase de este programa, permitirá a los estadounidenses ingresar fácilmente a México.

De manera gradual, durante los últimos seis años se ha logrado la agilización de los procedimientos para la expedición de documentación migratoria en los consulados mexicanos a fin de contar con un archivo migratorio electrónico actualizado y confiable. Con la publicación del nuevo Manual de Criterios y Trámites Migratorios en 2010, se redujeron y simplificaron los trámites para la legal estancia de extranjeros en México. 

En general, la estadística migratoria reciente refleja la mayor apertura de México hacia el mundo, una gradual flexibilización en la normativa para la internación y legal estancia de extranjeros en el país, incluyendo diversos procesos de regularización desde el año 2000, que han beneficiado a cerca de 30 mil extranjeros entre 2000 y mayo de 2011. Aunque sigue siendo un número muy pequeño respecto al total de la población nacional, el total de nuevos residentes temporales y permanentes se duplicó entre el periodo 1996-2003 y 2004-2009, al pasar de aproximadamente 18 mil como promedio anual a 42 mil. Las entradas de extranjeros turistas al país, principalmente como turistas o visitantes, se duplicó en 10 años, llegando en 2007 a 21.6 millones. 

En la frontera sur de México, desde abril de 2008, se modificaron las formas migratorias para nacionales de Guatemala y Belice con el propósito de facilitar más la vida transfronteriza, y al mismo tiempo crear mejores condiciones para la protección de los derechos de estas personas y contribuir a la seguridad del país, como parte de la ejecución de la Propuesta de política migratoria en la frontera sur de México. Se creó la Forma Migratoria de Trabajador Fronterizo (FMTF) para la entrada documentada de trabajadores, fundamentalmente guatemaltecos, que se pueden emplearse hasta por un año en cualquier sector de la economía de las entidades federativas colindantes con la frontera sur mexicana, misma que permite la internación de familiares del titular y sustituye a una anterior que se limitaba a trabajadores agrícolas en el Estado de Chiapas. Se amplió la aplicación territorial de la Forma Migratoria de Visitante Local (FMVL) para guatemaltecos a más departamentos de ese país y con acceso hasta 100 kms al interior de México en los territorios colindantes; tiene una vigencia de cinco años, con estancias en territorio mexicano no mayor a 72 horas. 

Migración de tránsito

Respecto a la migración de tránsito irregular por México hacia Estados Unidos, que cobró importancia desde mediados de 1990, el gobierno mexicano respondió estableciendo una infraestructura limitada y mecanismos de verificación y control migratorio a lo largo del país, fundamentalmente en carreteras y vías férreas, para retener y regresar a su nación de origen al mayor número posible de ese tipo de migrantes. Aunque esa estrategia funciona en términos disuasivos, no elimina los flujos de tránsito irregular y si conlleva costos para la seguridad y los derechos humanos de esos migrantes; al buscar rutas alternativas y con menor presencia de la autoridad, se ven expuestos a los grupos de delincuencia organizada presentes en el país y con ello a asaltos, secuestros y asesinatos. En la actualidad, se sigue privilegiando el control migratorio, pero también se ha puesto énfasis al respeto de los derechos humanos y a la mejora de las condiciones de alojamiento y repatriación de los migrantes retenidos y devueltos a sus países. Desafortunadamente, esto no ha reducido de manera significativa la vulnerabilidad de estos migrantes, y se ha incrementado su exposición a las redes del crimen organizado, que han aumentado su acción delictiva sobre el tránsito irregular de migrantes extranjeros en México y sobre los movimientos de los propios migrantes mexicanos que se dirigen hacia Estados Unidos.  

Protección a migrantes 

El memorándum de entendimiento regional firmado en 2007 por México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua está vinculado a la migración de tránsito pero en aspectos de  protección de migrantes y derechos humanos para la repatriación de centroamericanos hasta sus países de origen. No genera sanciones a los centroamericanos que decidan acogerse a él, al tiempo que se les repatría en menos de 48 horas. Se atiende con mayor prestancia a mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas discapacitadas y a los migrantes de la tercera edad.

Por otra parte, con el objetivo de lograr mejores condiciones de estadía a los migrantes irregulares retenidos y lograr un trato digno con apego a sus derechos, en 2003 se creó un programa de mejora de las condiciones y ampliación de la capacidad existente en las estaciones migratorias. Además se están realizando convenios con las instituciones de salud para garantizar el derecho a la atención médica de los extranjeros retenidos. En esa dirección, en octubre de 2009 se emitieron nuevas Normas para el Funcionamiento de las Estaciones Migratorias que opera el INM, con el fin de dar mayor seguridad jurídica y proveer un marco de debido proceso a los extranjeros indocumentados retenidos por la autoridad migratoria, en tanto se determina su situación jurídica o mientras se ejecuta su repatriación o expulsión del país. 

Respecto a la protección a migrantes nacionales y extranjeros en territorio mexicano, una de las acciones más reconocidas del gobierno mexicano es, probablemente, la creación de los grupos de protección a migrantes (también conocidos como Grupos Beta). Estos surgieron en los años 90 en la frontera con los Estados Unidos, extendiéndose luego a la frontera sur y el corredor del Golfo de México. Actualmente existen 21 grupos betas. Estos grupos conformados por personal de los tres niveles de Gobierno, son coordinados por el INM y se encargan de patrullar las zonas donde transitan los migrantes irregulares mexicanos y extranjeros, con el objetivo de socorrerlos y prevenirles sobre los riesgos que corren. En muchas ocasiones, su acción es decisiva para salvar la vida y resguardar los derechos de estos migrantes.

Los Grupos efectúan su labor en 9 estados de la República Mexicana: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Chiapas, Tabasco, Veracruz y Oaxaca.

La protección y salvaguarda de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA) migrantes es una prioridad en la agenda del gobierno de México. Por ello, el 30 de marzo del 2007 se instaló la Mesa de Diálogo Interinstitucional sobre NNA No Acompañados y Mujeres Migrantes, con el objetivo de fomentar la coordinación interinstitucional y acordar las medidas y mecanismos que permitan garantizar los derechos y la protección de la niñez no acompañada y mujeres migrantes.  La Mesa se integra por instituciones y organizaciones que cuentan con reconocido prestigio e interés por aportar a la solución de los problemas de la niñez y la mujer migrante. En el marco de la Mesa se instauró un Modelo para la Protección de Derechos de los NNA  Migrantes y Repatriados No Acompañados, en el que se contempló la creación de los “Oficiales de Protección a la Infancia (OPI’s)”. Los OPIs son Agentes Federales de Migración dedicados a garantizar el respeto a los derechos de los NNA migrantes, en especial a los no acompañados. La experiencia de los OPIs ha sido llevada a otros países de la región. 

En cuanto a la protección de personas en busca de la condición de refugiado o protección internacional, el gobierno de México, consistente con su tradición humanitaria, realizó en los últimos años importantes cambios para garantizar los derechos de estas personas con nuevos instrumentos jurídicos, como la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria y la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. También aprobó otras disposiciones, que permiten la estancia legal en el país de personas por razones humanitarias diversas, como víctimas o testigos de delitos de trata, tráfico y secuestro, entre otros.   

Respecto a la emigración mexicana hacia Estados Unidos, que en su mayor parte lo hace en forma irregular en 1996 se formularon arreglos locales para la repatriación ordenada, segura y humana México-Estados Unidos para migrantes mexicanos irregulares que son detenidos intentando ingresar o ya estando dentro de Estados Unidos. Se firmó un memorando general en 2004 y los arreglos locales fueron actualizados entre 2008 y 2009, con el fin de mejorar sus procedimientos y favorecer los derechos de los migrantes repatriados.

Asimismo, desde 2004 se realiza de manera bilateral entre las autoridades migratorias estadounidenses y mexicanas el programa de repatriación voluntaria al interior durante los meses de verano. Este tiene el propósito fundamental de evitar la reincidencia en el intento de cruce por zonas con muy altas temperaturas en esa época del año en la frontera, y así reducir las muertes de migrantes. Los participantes son trasladados vía aérea desde Arizona, Estados Unidos, a la Ciudad de México, desde donde son transportados en autobús a sus comunidades de origen, garantizando así la repatriación segura, respetando la integridad y los derechos humanos de los migrantes. 

Adicionalmente, en 2008 se inició el Programa de Repatriación Humana en ciudades donde llegan los mexicanos deportados por Estados Unidos, para articular apoyos de los gobiernos de los estados y municipios fronterizos, organizaciones de la sociedad civil, los DIF locales y diversas dependencias federales, con el fin de otorgar a los repatriados alimento, resguardo, atención médica de emergencia, comunicación con familiares, transporte a sus lugares de origen, ofertas de trabajo temporal y certificación de competencias laborales. 

Por otra parte, desde 1989 existe el Programa Paisano con el propósito de informar y asistir a los mexicanos de retorno temporal o permanente desde los Estados Unidos. En su ejecución intervienen 22 instituciones mexicanas, coordinadas desde el INM,  y tiene como fin informar a los mexicanos de visita en México sobre sus derechos, disposiciones aduanales, programas de apoyo y leyes y reglamentos que les pueden afectar en su paso por el territorio mexicano. Esto evitará que sean presa de extorsión, corrupción o cobros indebidos por parte de autoridades locales, estatales o federales. Este programa es permanente, pero se refuerza durante los periodos de semana santa y verano e invierno, por ser los de mayor afluencia de mexicanos desde el exterior.

Modernización, transparencia y combate al delito 

Como parte de la modernización y transparencia de la gestión migratoria, se han desarrollo sistemas de información como soporte a los diversos procesos de la gestión migratoria y para la reformulación, homologación internacional y difusión de las estadísticas migratorias nacionales, con el objetivo de disponer de información oportuna y confiable para la toma de decisiones en la política y gestión migratoria. También se puso en marcha el proceso de digitalización de expedientes migratorios por parte del INM para facilitar la recuperación de información y la resolución de trámites.

La publicación en mayo de 2011 de una nueva Ley de Migración y su Reglamento en los próximos meses, culminan un proceso de varios años de transformación gradual de la normatividad migratoria en México, que actualiza y armoniza la legislación nacional con los compromisos internacionales adquiridos por México en la materia, especialmente en protección a los derechos de los humanos de los migrantes. La Ley, como se explica en diversos epígrafes de la sección previa, reconoce al migrante como sujeto de derecho, simplifica las normas sobre entrada y legal estancia de extranjeros en el país; al tiempo que permite el mejor empleo de la tecnología para toda la gestión migratoria respecto a turistas, inmigrantes que vienen por razones familiares, pensionados e inversionistas, así como aquellos que buscan asilo, la condición de refugiado o protección humanitaria.

Otro aspecto novedoso de la ley es que reduce los márgenes de discrecionalidad que favorecían la arbitrariedad o propiciaban la corrupción por parte de los servidores públicos. Asimismo, sanciona con claridad las infracciones en el ámbito administrativo para extranjeros y en el ámbito penal para traficantes, tratantes y autoridades migratorias cuando éstas lleguen a estar coludidas con aquéllos.

En el combate al delito, se han mejorado las capacidades institucionales a través de la profesionalización del personal del INM. Ha habido una importante colaboración con el Poder Legislativo para perseguir de oficio el delito de tráfico de personas e incrementar las penas para quienes lo cometan. Se estableció una Estrategia Integral para la Prevención y Combate al Secuestro de Migrantes y se trabaja en tres esferas de competencia para atender a los extranjeros víctimas de algún delito: prevención del delito, asistencia migratoria y, en su caso, presentación de denuncias e intercambio de información con las autoridades competentes en la investigación.

En el año 2010 se creó el Centro de Control de Confianza con el fin de evaluar de manera constante el desempeño de los servidores públicos del INM y reducir las violaciones a los derechos humanos por parte de éstos. Institución que quedó consagrada directamente en la nueva Ley de Migración, donde se eleva también al rango de Ley al Instituto Nacional de Migración, como órgano encargado de la gestión migratoria en el país.

La modernización del marco jurídico migratorio mexicano, se adapta a la dinámica económica, política y social del país; inmerso en los procesos de globalización e integración regional y subregional; apertura económica; mayor participación en los mecanismos internacionales y profundización de su régimen democrático.

Cooperación internacional

México ha desarrollado un activo papel en diversos mecanismos internacionales realcionados con la gestión migratoria, bajo el enfoque de la cooperación y la responsabilidad compartida entre los gobiernos involucrados en los movimientos migratorios que concurren en el país. Algunos de los mecanismos bilaterales que en la actualidad funcionan, ya han sido mencionados anteriormente, como son los acuerdos para la repatriación ordena y segura de mexicanos con Estados Unidos.

En este sentido, especial importancia tiene la Conferencia Regional de Migración (CRM) o Proceso Puebla, que fue creada en 1996 a iniciativa de México y que ya cumplió 15 años de trabajo ininterrumpido. En este mecanismo participan los gobiernos de: Canadá, Estados Unidos, México, Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Su objetivo principal es el intercambio de información, compartir experiencias y mejores prácticas, y realizar consultas en general tendientes a fomentar la coordinación y cooperación regional en materia migratoria. Sus esfuerzos van encaminados a proteger los derechos humanos de los migrantes y fortalecer la integridad de las leyes migratorias, fronteras y seguridad nacional de cada uno de los países miembros, así como por afianzar los vínculos entre migración y desarrollo. 

Bajo este foro se impulsó y concretó el memorando para la repatriación ordenada y segura de nacionales de Guatemala, Honduras y El Salvador desde México y funcionan las redes de Funcionarios de Enlace de Protección Consular y para el Combate al Tráfico y Trata de Personas, entre otros mecanismos de concertación. En particular México ha extendido entre los países participantes, su experiencia en la creación y capacitación de oficiales de migración especializados en la protección a la infancia (los OPI ya mencionados) y también ha promovido seminarios en temas específicos. como el realizado en 2010 sobre migración y familia.

En 2010, México organizó por primera vez en las Américas, el Foro Mundial de Migración y Desarrollo con una amplia participación internacional de gobiernos y organizaciones de la sociedad civil relacionadas con el tema de la migración internacional, con el tema central: “Alianzas para la Migración y el Desarrollo Humano: Prosperidad compartida, Responsabilidad compartida”. Aquí se destacaron temas específicos no debatidos en foros previos como: la migración irregular y familia y migración.

A su vez, en los últimos años, se ha fortalecido el trabajo con organismos internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), a través de sus oficinas en México con la ejecución de programas específicos de capacitación, retorno asistido, seminarios y proyectos de investigación conjunta, entre otras formas de cooperación. 

Mexicanos en el exterior

En la última década del siglo XX se hizo de dominio público la expresión de “la política de no tener política” para caracterizar a la política migratoria referente a la emigración mexicana entre los años 70 y mediados de los 90, por la propensión del gobierno de dejar que la emigración siguiera su propio curso. Desde entonces se pasó a la búsqueda activa del acercamiento con los mexicanos en el exterior, la defensa de sus derechos y la búsqueda de un enfoque de “responsabilidad compartida” con el gobierno de Estados Unidos para gestionar los asuntos migratorios bilaterales. 

Luego de algunos avances en la segunda mitad de los años 90, entre ellos la ley de no perdida de la nacionalidad para mexicanos que obtenían otra, y la aprobación del voto de los mexicanos en el exterior en 1996 (aunque esto último no se hizo efectivo hasta las elecciones presidenciales de 2006); no es sino hasta el año 2000 que el gobierno asume un papel mucho más activo respecto a la diáspora mexicana y los procesos de la emigración. Pasa a interés político de primer orden, se reconoce abiertamente su contribución a la economía y la sociedad mexicana, se fortalece la red de atención consular en Estados Unidos y otros países, se favorece la organización de los mexicanos en el exterior y se institucionaliza la relación del Estado con la diáspora a través de la creación del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) en 2003, para dar mayor efectividad a las decenas de programas gubernamentales destinados a la atención de las necesidades de los mexicanos radicados en el exterior.   

Algunos programas relevantes que se han puesto en marcha a través de los consulados, son el Servicio de Atención Telefónica Mexitel, la expedición de la Matrícula Consular de Alta Seguridad y el Programa de Consulado Móvil. 

Para apoyar el desarrollo en las comunidades de origen de la migración, se han puesto en marcha programas de información y educación financiera que asisten al migrante tanto en el envío de dinero desde el exterior, como en el uso productivo o inversión de las remesas que envían o ahorros que traen consigo a su regreso. El gobierno participa, en sus tres niveles de gobierno, como socio para el financiamiento de obras sociales e inversión productiva a través de mecanismos como el Programa 3 x 1, que promueve proyectos que mejoran la infraestructura de esas comunidades con aporte de los migrantes desde el exterior y del gobierno del Estado y federal. También está el Programa Mi Casa en México, para financiar la adquisición de viviendas en México para los mexicanos que viven en el exterior.

En materia de salud, se cuenta con diversos programas de apoyo y atención a migrantes mexicanos, cuyo objetivo es proteger la salud del migrante en su salida, estadía fuera del país y a su regreso, así como velar por el bienestar de sus familiares en México. Aquellos migrantes que se encuentran enfermos son apoyados para su traslado a la comunidad de origen y, en caso de fallecimiento, se brinda apoyo a las familias para repatriar los cuerpos. 

En materia educativa, se llevan a cabo programas nacionales y de carácter binacional que buscan que el migrante continúe con sus estudios (revalidación, acreditación o educación a distancia) ofreciendo programas de educación bilingüe, en coordinación con otras instancias en el país de destino, y apoyándolo con becas. Se parte de la premisa de que es necesario preservar y fortalecer el lazo que mantienen los migrantes con México, por lo que a través de los consulados, las embajadas y las secretarías de estado, se realizan jornadas culturales, actividades y reconocimientos que destacan los logros de los mexicanos en el exterior y difunden la cultura. 

En el ámbito bilateral, destacan los diálogos con Estados Unidos, que se intensificaron a partir de 2001, y que se encaminan a definir una agenda migratoria amplia y consensuada entre ambos países con el objetivo de encontrar fórmulas para enfrentar los múltiples retos y oportunidades que plantea el fenómeno migratorio entre ambas naciones. Por su parte, el Gobierno de México busca la creación de amplios programas de trabajadores temporales, la regularización de los migrantes indocumentados residiendo en el país y otros espacios de concertación bilateral en el tema migratorio. Estos cambios se vieron frenados por los ataques terroristas de septiembre de 2001, que en materia migratoria se materializaron, por parte de Estados Unidos, en un mayor control migratorio de la frontera común, y en un aumento drástico en los costos y riesgos de cruzar la frontera. 

Conclusiones

En resumen, la actual política migratoria del Estado mexicano se basa en los principios que contiene la Ley de Migración de 2011, los cuales han estado presentes en la gestión y acciones de la política migratoria en las últimas dos décadas, aunque varios de ellos no haya sido posible  implementarlos a cabalidad. Estos principios son: respecto irrestricto a los derechos humanos de los migrantes nacionales y extranjeros; enfoque integral en cuanto a la complejidad del fenómeno migratorio en México como país de origen, tránsito y destino de migrantes; responsabilidad compartida; congruencia; hospitalidad y solidaridad; facilitación de la movilidad internacional de personas, salvaguardando el orden y la seguridad; complementariedad de los mercados laborales con los países de la región; equidad entre nacionales y extranjeros; reconocimiento a los derechos adquiridos de los extranjeros; unidad familiar e interés superior de la niña, niño y adolescente; integración social y cultural entre nacionales y extranjeros; facilitación del retorno al territorio nacional y la reinserción social de los emigrantes mexicanos y sus familias.