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Uruguay - Descripción del marco normativo migratorio vigente

La República Oriental del Uruguay es un Estado unitario democrático, de carácter presidencialista. Su gobierno se divide en tres poderes independientes: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. 

La primera Constitución de la República Oriental del Uruguay fue promulgada el 28 de junio de 1830 por la primera Asamblea General Constituyente y Legislativa del Estado y jurada por el pueblo el 18 de julio del mismo año. El texto vigente es básicamente el de 1967, que tuvo varias enmiendas posteriores que se plebiscitaron en 1989, 1994, 1997 y 2004. La Constitución es la carta magna, la norma fundamental de más alta jerarquía. Entre otros asuntos, fija los límites y define las relaciones entre los poderes del Estado y de éstos con sus ciudadanos, estableciendo así  las bases del gobierno y la organización de las instituciones en que tales poderes se asientan. También garantiza al pueblo derechos y libertades. 

La temática migratoria se rige principalmente por la Constitución y por la Ley 18.250 o Ley de Migración adoptada en 2008.  De acuerdo con esta ley, el Estado uruguayo reconoce el derecho a la migración, el derecho a la reunificación familiar, el debido proceso y el acceso a la justicia, así como la igualdad de derechos con los nacionales, sin distinción alguna, por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión pública, origen nacional, étnico, social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición. Se regula la admisión, permanencia y egreso de extranjeros, en concordancia con los tratados internacionales ratificados por Uruguay.

Acerca de la jerarquía de los tratados internacionales, aun cuando la Constitución de Uruguay en su Artículo 6 hace referencia al derecho internacional y los tratados internacionales,  no dispone expresamente su rango o jerarquía en el ordenamiento jurídico interno. Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia han llegado a concluir que en esos casos los tratados tienen rango de ley. 

No obstante, refiriéndose a tratados que consagran o reconocen derechos fundamentales, la solución es distinta. En efecto, el Artículo 72 de la Constitución uruguaya dispone que: “La enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución no excluye los otros que sean inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno”.

La Ley 18250 integra un estándar más elevado que la Constitución en la materia, lo que se refleja en el decreto reglamentario que fue aprobado a fines de agosto de 2009. Se reconoce la igualdad de trato respecto a los derechos laborales, a la educación de las niñas, niños y adolescentes sin importar su condición migratoria, a la formación profesional, así como a la asistencia sanitaria.