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Uruguay - Refugiados

El Estado de Uruguay es parte de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y de su Protocolo de 1967. También ha ratificado los instrumentos universales más relevantes sobre derechos humanos. El marco legal interno que trata sobre refugiados está establecido por la Ley de Refugiados N° 18076, adoptada en 2006. 

La normativa deja claro que en Uruguay toda persona tiene derecho a solicitar y recibir refugio en el territorio nacional, en salvaguarda de su vida, integridad física, moral e intelectual, libertad y seguridad.

La ley establece que la condición de refugiado reconocerá a toda persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de pertenencia a determinado grupo étnico o social, además de género, raza, religión, nacionalidad, u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o -a causa de dichos temores- no quiera acogerse a la protección de tal país; o que careciendo de nacionalidad y hallándose a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o a causa de dichos temores, no quiera regresar a él; o que ha huido del país de su nacionalidad o careciendo de nacionalidad, ha huido del país de residencia porque su vida, seguridad o libertad resultan amenazadas por la violencia generalizada, la agresión u ocupación extranjera, el terrorismo, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos o cualquier otra circunstancia que haya perturbado gravemente el orden público. 

Por el contrario, no tendrán derecho a gozar de la condición jurídica de refugiado en territorio uruguayo; las personas respecto de las cuales existen motivos fundados para considerar que: 

  • Han cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la humanidad, tal como se encuentran definidos por el derecho internacional. 
  • Han cometido un grave delito común, en consonancia con los principios de derecho universalmente aceptados; fuera del territorio nacional y antes de ser admitidas en él como refugiados. 
  • Han sido culpables de actos contrarios a los propósitos y principios de la Organización de las Naciones Unidas.

Toda solicitud de refugio impone al Estado respetar los principios de no discriminación, no rechazo en la frontera, no devolución directa o indirecta al país donde su vida, integridad física, moral e intelectual, libertad o seguridad estén en peligro, no sanción por ingreso ilegal al país, interpretación y trato más favorable y confidencialidad.

Acerca de los derechos y deberes de los refugiados, la ley establece que todo refugiado y solicitante de refugio deberá respetar el orden jurídico, mientras que el Estado deberá garantizar a los refugiados y solicitantes de refugio el goce y ejercicio de los derechos civiles, económicos, sociales, culturales y todos los demás derechos inherentes a la persona humana reconocidos a los habitantes de la República, en los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado, así como en su normativa interna.

Esta ley crea la Comisión de Refugiados (CORE),  encargada de decidir sobre las solicitudes de asilo. La CORE está integrada por representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección Nacional de Migración, la Universidad de la República, un representante del Congreso Nacional, una organización no gubernamental sin fines de lucro y el ACNUR, que participa con voz pero sin voto.

La Comisión de Refugiados integrará una Secretaría Permanente de carácter honorario, compuesta por un representante de la Dirección Nacional de Migración del Ministerio del Interior, un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores y un delegado de la agencia que representa en Uruguay los intereses de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Cada organismo integrante de la Secretaría Permanente designará el titular y el alterno respectivo.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados o su representante, será siempre miembro invitado para las reuniones de la Secretaría Permanente, con derecho a voz pero sin voto.

La resolución que reconozca, rechace, anule, revoque o establezca el cese de la condición de refugiado será notificada en forma personal al solicitante y a la oficina que representa los intereses del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en un plazo máximo de tres días hábiles de la forma en que determine la reglamentación.