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Anexo - Uruguay

ACCIONES DIRIGIDAS A LA VINCULACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS NACIONALES EMIGRADOS EN EL EXTERIOR

Las competencias en materia migratoria, ya sean ejecutivas o de asesoramiento, se centralizan en el Ministerio del Interior, según resulta de la normativa vigente. 

Ministerio del Interior 

Corresponde al Ministerio del Interior la atención de "los servicios internos relativos a la migración, contralor y vigilancia de la entrada, permanencia y salida de personas" (artículo 2o, número 7, Decreto 574/974 de 12/VII/974). 

Este es el órgano que ejerce la superintendencia general de los servicios de migración, tanto en el interior como en el exterior de la República (artículo 85, Decreto de 28/2/947). 

Si bien las funciones ejecutivas las cumple la Dirección Nacional de Migración, compete al Ministerio decidir en definitiva sobre las autorizaciones de residencias permanentes (artículos 15 y 82, Decreto de 28/2/947). 

Dirección Nacional de Migración 

Esta Dirección, dependiente del Ministerio del Interior, es responsable de poner en ejecución las disposiciones vigentes sobre migración. Sus principales atribuciones están contenidas en la ley 18250 de 6 de enero de 2008 sin perjuicio de las que resultan de otras normas dispersas en diversas leyes y decretos. 

Agentes Consulares 

Les compete el cumplimiento de funciones administrativas en materia de inmigración, en aquellos países donde se encuentran acreditados. Reciben sus directivas desde el Ministerio del Interior, por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores (artículos 84, 85 y 89, Decreto de 28/2/947). 

Otros organismos 

Existen otros organismos que de manera colateral tienen ingerencia en la materia. Entre otros, podemos mencionar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a quien corresponde la  regulación del mercado de trabajo y empleo; el Ministerio de Salud Pública, que ejerce la Policía Sanitaria de Fronteras y el Ministerio de Economía y Finanzas, que por intermedio de su Dirección de Aduanas otorga franquicias aduaneras a los inmigrantes que se amparan a planes específicos. 

Cabe apuntar también la competencia general de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, como órgano asesor del Poder Ejecutivo en todo lo vinculado a la formulación de planes y programas de desarrollo. 

ACCIONES DIRIGIDAS A LA VINCULACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS NACIONALES EMIGRADOS EN EL EXTERIOR

El marco legal actual incluye, un capítulo a la protección de los uruguayos en el exterior, donde el Estado uruguayo “fomentará la suscripción de convenios con los Estados en los que residen nacionales uruguayos, a los efectos de garantizarles la igualdad de trato con los nacionales de esos Estados”.

En lo que refiere al retorno de uruguayos residentes en el exterior, la legislación actual, busca adaptarse a la nueva realidad migratoria, otorgando franquicias a los emigrantes que desean volver, permitiéndoles ingresar al país objetos personales y familiares —incluyendo automóviles— y útiles, como herramientas u otros instrumentos de trabajo, sin tener que pagar derechos de ningún tipo.

Programas para nacionales emigrados en el exterior

En 1960 el contexto migratorio internacional cambió. El crecimiento económico de los países desarrollados demandaba una importante cantidad de fuerza de trabajo. El Uruguay no escapó a esta situación y un porcentaje grande de nativos jóvenes y calificados se fueron del país. A su vez, esta situación se vio agravada por la etapa de gobierno de facto donde el exilio político produjo aún más emigración. 

Ante esta realidad, las propuestas políticas de las últimas décadas se orientaron; primero, a dar apoyo al retorno de los emigrantes nacionales y, luego, a generar proyectos tendientes a la creación de vínculos con los migrantes, programas de vinculación, amortiguando así las pérdidas que supone dicha salida.

Recién en el año 1985, cuando se retorna a la democracia, se empiezan a plantear políticas de retorno. En esta época se aprobó una ley donde se creaba la Comisión Nacional de Repatriación (hasta 1989), cuyo objetivo fue facilitar el retorno de aquellos que desearan hacerlo. 

Esta iniciativa fue evaluada positivamente, ya que habría conseguido logros importantes en cuanto al retorno de uruguayos al país. 

También existieron programas de apoyo al traslado de refugiados y exiliados políticos, y para recuperar a personas con especializaciones y capacitaciones diversas.

A partir de 2005, desde el ámbito gubernamental se concreta la creación de la Dirección de Asuntos Consulares y Vinculación del Ministerio de Relaciones Exteriores, mayormente conocida como Departamento 20.  Dicha Dirección tiene como objetivo vincular a uruguayos residentes en el exterior con proyectos nacionales; conjuntamente se pusieron en funcionamiento los Consejos Consultivos, instituciones representativas de las diversas comunidades de uruguayos en el exterior.

Estas nuevas estructuras institucionales comenzaron a recopilar información, tendiente a generar un banco de datos, donde se registren las demandas y ofertas de profesionales o capacidades diversas, instaladas en el exterior.  

Desde el ámbito no gubernamental también existen iniciativas de retorno y programas para vincular a los migrantes uruguayos con instituciones o proyectos instalados en el país. 

Un ejemplo de esto son los Programas de Retorno Voluntario de Inmigrantes desde España, impulsado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) - Uruguay, dentro del marco de los acuerdos de cooperación que la organización mantiene con el Gobierno de España, orientados al diseño y ejecución de medidas que fomenten la migración ordenada, el retorno voluntario, la integración de los inmigrantes y la lucha contra la trata de los mismos.   

Las asociaciones, clubes y casas de Uruguay en el mundo también han cumplido un papel importante brindando contención, representando a las comunidades en el medio de adopción, fomentando la cultura nacional, y desarrollando iniciativas de apoyo y transferencia de recursos y donaciones ante situaciones adversas del Uruguay —como inundaciones o crisis económicas —.  

Otros emprendimientos privados, individuales y colectivos, vinculan a los uruguayos de todas partes del mundo a través de las redes electrónicas, transmitiendo información y manteniendo actualizado sobre el acontecer nacional.

En lo que refiere a proyectos vinculados al conocimiento, un ejemplo relevante de vinculación entre comunidades residentes fuera y dentro del país es el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas (PEDECIBA), de 1986; que contribuyó al retorno de un número importante de científicos. 

Vale decir que la fundación y desarrollo inicial de dicho programa estuvo apoyado por las comunidades de científicos exiliados que continuaban fuera del país.  

La Universidad de la República es otra institución importante en cuanto al retorno de profesionales al país, y la manutención de relaciones entre la comunidad académica local y la emigrada.

Desde hace dos décadas financia programas, impulsando proyectos que buscan revertir la emigración de profesores e investigadores, y estimulan el retorno de académicos otorgando facilidades para su reinserción en el medio. 

La instalación del Instituto Pasteur en Uruguay, en el año 2006, es otro ejemplo que responde a un proceso de vinculación de redes de científicos fuera del país, que a su vez ha propiciado el retorno de profesionales altamente calificados.   

Otro impulso a las políticas orientadas al retorno y vinculación con científicos y tecnólogos uruguayos en el exterior fue dado a través de la creación de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) que, entre varios proyectos, financia y desarrolla programas de vinculación de investigadores residentes en el exterior.

Para cerrar el tema referente a medidas y políticas hacia emigrados, hay que destacar el debate que existió en torno a la posibilidad de ejercer los derechos de ciudadanía desde el exterior, particularmente el voto epistolar. En ocasión de las elecciones nacionales del 2009 dicha iniciativa fue plebiscitada no logrando la cantidad de votos necesarios para su aprobación y posterior enmienda constitucional que posibilitara a los ciudadanos habilitados que residen en el exterior a ejercer el sufragio por vía epistolar.  El proyecto establecía, que el ciudadano que se encontrara fuera del país podría votar por correspondencia en las elecciones nacionales y departamentales, así como en los plebiscitos y en los referendos.