Imprimir

Argentina - Descripción del marco normativo migratorio vigente

Argentina adopta para su gobierno democrático el modelo representativo, republicano y federal. Con un sistema presidencial, el país está constituido por 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la capital de la República. La normativa emana de los poderes legislativo y ejecutivo, y la jurisprudencia se limita al ámbito de interpretación de la normativa vigente, caracterizando su sistema jurídico en la corriente de la familia romano-germánica.

El 1º de mayo de 1853 el Congreso General Constituyente argentino sancionó la Constitución, la que fue reformada y concordada por la Convención Nacional el 25 de septiembre de 1860, con reformas de las Convenciones de 1866, 1898, 1957 y 1994. La Constitución organiza el Estado y sus poderes, declara los principios en que se basa, y establece los derechos de sus habitantes. Es una sola ley, y superior a todas las demás constituciones y leyes.

Tratados internacionales: la reforma constitucional de 1994 otorgó jerarquía constitucional a los tratados internacionales ratificados por el Estado y celebrados con otras naciones, organismos internacionales, así como los concordatos con la Santa Sede.

La jerarquía queda explicita en el Art. 75 Inc. 22 de la Constitución Nacional Argentina de la siguiente manera: “Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención Sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención Sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Solo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional”.

Legislación nacional vigente: La Ley 25.871 Política Migratoria Argentina (2004) - Ley de Migraciones, establece la nueva política migratoria del país por medio de la cual se fijan líneas de acción acordes con los compromisos internacionales de Argentina en materia de derechos humanos e integración económica. Además de garantizar el respeto de los derechos humanos de los migrantes, esta ley establece los derechos y obligaciones de extranjeros, su admisión y permanencia, así como algunas disposiciones sobre los nacionales en el exterior.

El Poder Ejecutivo Nacional tiene la facultad de expedir las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes. El Decreto 616/2010 aprobó la reglamentación de la Ley de 25.871 estableciendo las garantías para el reconocimiento y protección de los derechos humanos de los migrantes, independientemente de su condición jurídica en el país, buscando una progresiva facilitación de los procedimientos legales y contemplando las necesidades reales de los extranjeros que transitan o residen en Argentina.