Imprimir

Argentina - Derechos humanos

En 1994, la reforma del texto no cambió los principales contenidos de la Constitución de 1853, aunque sí modificó parte de la estructura institucional e incorporó nuevos derechos, a partir del reconocimiento de la jerarquía constitucional a los tratados internacionales sobre derechos humanos.

En general, la Constitución Nacional Argentina establece derechos y garantías que comprenden a todos los habitantes, por lo que ha de entenderse que los mismos incorporan a los ciudadanos no nacionales. 

La igualdad de trato de los inmigrantes con los nacionales argentinos, queda explícita en la Constitución al establecer que “...la Nación no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento, no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base de los impuestos y de las cargas públicas”.

Asimismo, los extranjeros tienen derecho a ejercer su industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos; navegar los ríos y costas; ejercer libremente su culto; testar y casarse conforme a las leyes no estando obligados a admitir la ciudadanía, ni a pagar contribuciones forzosas extraordinarias.

En relación al principio del debido proceso -derecho humano de acceso a la justicia- la Constitución Argentina establece que ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley y tribunal constituidos anteriores al hecho del proceso. Indica además  que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, ni arrestado sino en virtud de orden escrita emanada de autoridad competente. 

La Ley de Migraciones 25.871, incluye algunas innovaciones en los derechos humanos de los migrantes. Se puede mencionar el reconocimiento del derecho humano a migrar; reafirma la igualdad de trato con los nacionales; enuncia derechos que asisten a los migrantes, asegurando su acceso igualitario a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social; establece el derecho a ser informados sobre sus derechos y obligaciones; determina la posibilidad de participar o ser consultados en las decisiones relativas a la vida y la administración de las comunidades donde residen; consagra el derecho a la reunificación familiar; garantiza el acceso a la educación y a la salud, independientemente de cuál sea la situación migratoria del extranjero entendiendo que la familia es un ámbito de contención necesario e importante para todo migrante.

La ley fija las líneas políticas fundamentales y sienta las bases estratégicas en materia migratoria, dando cumplimiento a los compromisos internacionales de Argentina en materia de derechos humanos, integración y movilidad de los migrantes.