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Argentina - Refugiados

En noviembre de 2006, Argentina adoptó la primera Ley de Refugiados, Ley Nº 26.165 titulada Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado, que derogó el marco normativo entonces vigente . 

La protección de los refugiados en Argentina se rige por las disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos aplicable, la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967.


Esta nueva ley se realiza con arreglo a los principios de no devolución, incluyendo la prohibición de rechazo en frontera, la no discriminación, la no sanción por ingreso ilegal, la unidad de la familia, confidencialidad, trato e interpretación más favorable a la persona humana o principio pro homine. El reconocimiento de la condición de refugiado, se aplica tanto al refugiado reconocido como al solicitante de dicho reconocimiento. 

El Artículo 1 de la Ley 26.165 menciona que sus disposiciones y alcances deberán ser interpretados y aplicados de acuerdo a los principios y normas de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de Nueva York de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, así como  todas aquellas disposiciones o convenciones aplicables de los Derechos Humanos y sobre refugiados ratificados por Argentina y/o contenidos en el Artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, así como  instrumentos de asilo vigentes en el país.

La determinación de la condición de refugiado es un acto humanitario y apolítico. El reconocimiento de dicha condición no comporta, de parte de las autoridades, un juicio respecto al país de origen del refugiado.


Con el fin de analizar y evaluar las peticiones de asilo que se interpongan en el territorio se creó  la Comisión Nacional para Refugiados (CONARE). Este es un organismo interministerial que opera en el ámbito del Ministerio del Interior. Está integrado por los Ministerios de Interior; Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Justicia, Seguridad y Derechos Humanos; Desarrollo Social; y del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI). Participan con voz y sin voto un representante de la sociedad civil y el  Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).