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Costa Rica - Marco normativo que regula la migración internacional

La normativa vigente sobre migración en Costa Rica se encuentra principalmente en la Consti- tución Política de la República de Costa Rica, publicada el 7 de noviembre de 1949; la Ley de Im- puestos de Salida 8316; la Ley de Migración y Extranjería 8764 y sus reglamentos; el Reglamento de Control Migratorio; el Reglamento de Extranjería, Reglamento Fondo de Garantía; Reglamento Policía Especial; Reglamento Refugio; Reglamento de Empresas; Reglamento de Personas Meno- res de Edad; Reglamento para el Otorgamiento de Visas

Regulación de entrada y estadía de migrantes

La Dirección General ejerce el control migratorio de ingreso y egreso del territorio nacional. Las regulaciones sobre ingreso, egreso y permanencia para las personas extranjeras que soliciten asilo o la condición de refugiado, se regirán conforme a la Constitución Política, los convenios rati- ficados y vigentes en Costa Rica, y la demás legislación vigente.

La Dirección General establece las directrices generales de visas de ingreso y permanencia para no residentes, para personas extranjeras provenientes de determinados países o zonas geográfi- cas, con base en los acuerdos y los tratados internacionales vigentes y en las razones de seguridad, conveniencia u oportunidad para el Estado costarricense.

Categoría migratoria de no residentes

Las personas extranjeras que pretendan ingresar bajo la categoría migratoria de no residentes requerirán una visa de entrada correspondiente, con la excepción de personas de países que no requieren visa1, los que requieren visa consular2 y los que requieren visa restringida3.

Categoría migratoria de residente o permanencia legal

Se entiende por permanencia legal la autorización para permanecer en Costa Rica, emitida por la Dirección General de Migraciones, según las categorías migratorias, los requisitos y los proced- imientos establecidos en la Ley de Migración y Extranjería y su Reglamento. Existen dos clases de permanencia legal: permanente y temporal.

Las personas extranjeras que gocen de permanencia migratoria legal bajo la categoría de resi- dentes, no requieren visa para ingresar a Costa Rica, siempre que comprueben dicha condición migratoria.

Residentes Permanentes

Las personas extranjeras que cumplan los siguientes requisitos podrán optar por la categoría mi- gratoria de residentes permanentes.

n La persona extranjera, su cónyuge y sus familiares de primer grado por consanguinidad que hayan gozado de una residencia temporal durante tres años consecutivos.

n La persona extranjera con parentesco de primer grado por consanguinidad con ciudadano costarricense; se entenderán como tales a los padres, los hijos menores o mayores con discapacidad y los hermanos menores de edad o mayores con discapacidad.

n A quien la Comisión de Visas Restringidas y Refugio otorgue dicha condición.

Residentes temporales

Una autorización de ingreso y permanencia por un tiempo definido, superior a noventa días y hasta por dos años, prorrogable en igual tanto, a quienes se encuentren comprendidos en las siguientes subcategorías:

n El cónyuge de ciudadano costarricense.

n Los religiosos de las religiones que deban estar acreditadas ante el Ministerio de Relacio- nes Exteriores y Culto.

n Los ejecutivos, los representantes, los gerentes y el personal técnico de las empresas es- tablecidas en el país, así como sus cónyuges e hijos. También estarán contemplados en esta categoría los empleados especializados que por cuenta propia o en relación de depen- dencia se integren a tales labores y sean así requeridos para el desarrollo de estas, según criterio de la Dirección de Migración.

n Los inversionistas.

n Los científicos, los profesionales, los pasantes y los técnicos especializados.

n Los deportistas debidamente acreditados ante el Consejo Nacional del Deporte y la Re- creación.

n Los corresponsales y el personal de las agencias de prensa.

n Quien haya convivido con su cónyuge e hijos menores o con discapacidad, de las personas mencionadas en los incisos anteriores.

n Los rentistas.

n Los pensionados.

Los residentes temporales únicamente podrán realizar las actividades remuneradas o lucrativas, por cuenta propia o en relación de dependencia, que la Dirección General les autorice. Tal autori- zación tomará en cuenta los dictámenes de carácter recomendativo elaborados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así como otros criterios de conveniencia y oportunidad. Asimismo, los dependientes de dichos residentes temporales podrán estudiar o laborar, previa autorización de la Dirección.

La persona residente temporal podrá cambiar de subcategoría dentro de la misma categoría mi- gratoria, si cumple los requisitos correspondientes, así como frente a otras categorías migratorias.

Adquisición de la nacionalidad

La nacionalidad costarricense es el estatus o categoría que se brinda a la persona que nace y resi- de en el país. La nacionalidad costarricense se adquiere de nacimiento y por naturalización.

Nacionalidad costarricense por nacimiento

Las personas siguientes se consideran ciudadanos de nacimiento:

n Hijos de padre o madre costarricense nacidos en el territorio de la República;

n Hijos de padre o madre costarricense de nacimiento, nacidos en el exterior, y registrados como tales en el Registro Civil, por la voluntad de los padres costarricenses, siendo meno- res de edad, o por su propia voluntad hasta la edad de 25 años;

n Hijos de padres extranjeros nacidos en Costa Rica que son registrados como costarricen- ses, por la voluntad de cualquiera de los padres, siendo menores de edad, o por su propia voluntad hasta la edad de 25 años;

n Infantes de padres desconocidos encontrados en Costa Rica.

Nacionalidad costarricense por naturalización

Las siguientes personas son ciudadanos por naturalización:

n Los que hayan adquirido la nacionalidad por virtud de previas leyes;

n Los nacionales de otros países centroamericanos, los españoles e iberoamercanos de na- cimiento que hayan residido oficialmente en el país por cinco años y cumplan con los otros requisitos de la ley;

n Los centroamericanos, españoles, e iberoamericanos que no lo sean de nacimiento y otros extranjeros que hayan residido oficialmente en el país por al menos siete años y cumplan con los otros requisitos de la ley;

n Una mujer extranjera que al contraer matrimonio con un costarricense pierda su naciona- lidad;

n Personas extranjeras que al contraer matrimonio con personas costarricenses pierdan su nacionalidad o que al estar casados por dos años con una persona costarricense y habien- do residido en el país durante ese periodo expresen su voluntad de adquirir la nacionalidad costarricense;

n Quienes reciban nacionalidad honoraria por la Asamblea Legislativa.

Los que soliciten la ciudadanía deben: 1) presentar prueba de buena conducta, 2) demostrar que tienen una ocupación o manera de ganarse la vida, 3) saber hablar, escribir y leer en español, 4) pasar un examen comprensivo sobre la historia del país y sus valores, 5) prometer que residirán en el territorio nacional con estatus legal, y 6) jurar que respetarán el órden constitucional de la República (Artículo 15, Constitución Política).

El estatus de costarricense no puede perderse o renunciarse a él. La adquisición de la nacionalidad se pasa a los hijos menores de edad, según los reglamentos establecidos por la ley.

Regularización migratoria

El 9 de diciembre de 1998 se publicó el decreto del Poder Ejecutivo 27457-G-RE. Esta disposición establecía la concesión a todas las personas, originarias de cualquier otro país centroamericano, que estuvieran en Costa Rica en su condición de inmigrantes irregulares, “la oportunidad de nor- malizar su situación legal migratoria, con el fin de evitar su deportación y el consecuente agrava- miento de la situación actual de la región”.

El Régimen de Excepción migratoria, conocido también como Amnistía Migratoria, se implementó desde el año 1999 al año 2002 y estaba dirigida a los inmigrantes centroamericanos, radicados en Costa Rica desde antes de 9 de noviembre de 1998. Dicho beneficio fue otorgado en atención de la problemática social provocada por el Huracán Mitch entre la población del resto de la región cen- troamericana y que, según indicaba la evidencia, iría a favorecer principalmente a los ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses que conforman la mayoría del universo de personas extranjeras radi- cando en Costa Rica (FLACSO, 1999).

Un total de 152 mil personas, de las cuales un 97% eran ciudadanos nicaragüenses y 1.5% pan- ameños, se acogieron al régimen de excepción. En abril del 2000 se habían emitido 125 mil reso- luciones, de las cuales el 95% fueron favorables. El gobierno llevó a cabo una campaña de difusión de la amnistía con el propósito que la población migrante indocumentada se acogiera a ella. Or- ganizaciones no gubernamentales realizaron otras actividades dirigidas a exhortar a la población migrante a acogerse a este beneficio (CIDH, 2002).

Refugiados

El reconocimiento de la condición de refugiado esta sujeto a las normas estipuladas en los instru- mentos internacionales aprobados, ratificados y vigentes por el Gobierno de Costa Rica sobre la materia. Costa Rica forma parte de la Convención de 1951 y su Protocolo de 1967. El término refu- giado se aplicará a toda persona extranjera a quien la Dirección General le reconozca tal condición (Artículo 106, Ley de Migración y Extranjería).

La Dirección General de Migración otorgará a la persona refugiada debidamente reconocida una identificación que acredite su permanencia legal en el país. En razón de tal condición podrá ejercer cualquier tipo de actividad laboral remunerada o lucrativa, por cuenta propia o en relación de de- pendencia, con estricto apego a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico.

Para el reconocimiento de la condición de refugiado, asilado y el de otras personas protegidas por instrumentos internacionales, el procedimiento está determinado en el Reglamento respectivo. El órgano encargado de resolver las solicitudes de la condición de refugio es la Comisión de Visas Restringidas y Refugio.