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Ecuador - Delitos vinculados con la migración

Mediante el Decreto Ejecutivo Nº 1981 de agosto de 2004, se declara como política prioritaria del Estado el combate al tráfico y trata de personas. Asimismo, la Ley 2005-2 endurece las penas en temas de trata y tráfico de personas, tipificando sobre todo los delitos de explotación sexual a menores de edad.

En la actualidad, Ecuador tiene un nuevo marco constitucional y una política transversal en materia de Derechos Humanos. Esto ha permitido avanzar a nivel de política social y de protección de los derechos de todos los ciudadanos para garantizar la protección integral y exigibilidad de ellos  a través de la articulación de políticas a nivel interinstitucional.  

Dentro de este nuevo y favorable ámbito de derechos de los ciudadanos, el país ha redefinido sus estrategias, reforzado su marco normativo y fortalecido sus instituciones para consolidar sus acciones en contra de la trata de personas. 

Las tareas de ejecución y seguimiento del Plan Nacional contra la Trata de Personas están a cargo de un grupo de diez ministerios: Justicia y Derechos Humanos, que preside el grupo; Relaciones Exteriores, Comercio e Integración; Gobierno y Policía;  Educación; Trabajo; Turismo; Inclusión Económica y Social; Salud; Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI), y la Secretaría de Planificación y Desarrollo (SENPLADES).  

El objetivo del Plan Nacional de Combate a la Trata de Personas es promover políticas integrales y coordinadas entre las diferentes instituciones del Estado, la sociedad civil y organismos internacionales relacionados con el tema. Su alcance llega al ámbito de la prevención y el combate y sanción a la trata de personas a través de tres ejes: 1) prevención; 2) investigación y sanción; y 3) restitución de los derechos de las víctimas.  Estos tres ejes operan a través de tres subcomisiones de trabajo: Prevención; Investigación y Sanción; y Protección y Restitución de Derechos.

Ecuador ratificó el Protocolo contra Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional; el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo de Menores y la Acción Inmediata para su Eliminación; ha ratificado los convenios de la Organización Internacional del Trabajo Nº. 29 y 105, relacionados con el trabajo forzoso y obligatorio y la abolición del trabajo forzoso. 

Entre las medidas asociadas al combate de los delitos de trata y tráfico ilegal de migrantes se encuentran las siguientes: 

  • Refuerzo de los controles migratorios por parte de la Dirección Nacional de Migración y coordinación con la Policía Nacional para detectar y detener a los responsables de la comisión de este delito.
  • Creación de una división especializada anticoyoterismo en el seno de la policía nacional.
  • Firma de un acta de compromiso para el fortalecimiento técnico y operativo de la policía especializada, para niños, niñas y adolescentes (DINAPEN).
  • Realización de operativos de control por parte de la Dirección General de la Marina Mercante y del Litoral.
  • Creación de las Unidades de Turismo, Asuntos Migratorios y Tráfico Ilegal de Migrantes en el marco de las fiscalías distritales de regiones con alta tasa de migración (Pichincha, Guayas y Galápagos, Azuay, Cañar y Manabí).

El tráfico de migrantes, tipificado en el Código Penal, es sancionado con pena privativa de libertad de tres a seis años para quienes faciliten la migración de personas nacionales o extranjeras hacia otros países.  Las políticas contra el tráfico de personas están dirigidas a las autoridades migratorias, para que ejerzan más controles migratorios; a los traficantes y a los empleadores.  Se han realizado diversos operativos para detener a aquellos dedicados al tráfico de personas, y para localizar testigos y perjudicados para que intervengan en el juicio de los detenidos.  

La trata de personas, también tipificada en el Código Penal, se define como la conducta de quien promueva, induzca, participe, facilite o favorezca la captación, traslado, acogida, recepción o entrega de personas recurriendo a la amenaza, violencia o engaño o cualquier forma fraudulenta, con fines de explotación ilícita, con o sin fines de lucro; considerándose explotación a toda forma de trabajos o servicios forzados, esclavitud laboral, venta y/o utilización de personas para mendicidad, conflictos armados o reclutamiento para fines delictuosos.