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El Salvador - Nacionalidad y ciudadanía

El Estado salvadoreño se vincula con el individuo, en ejercicio de su soberanía, cuando transforma a quienes componen el pueblo otorgándoles una personalidad sea ésta jurídica o política; jurídica, cuando los convierte en nacionales, y política en cuanto los confirma como ciudadanos.

El Salvador ha ratificado una serie de instrumentos del Derecho Internacional, principalmente en materia de Derechos Humanos. Uno de ellos es la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su Artículo 15 párrafo 1, afirma que “toda persona tiene derecho a una nacionalidad y que nadie puede ser privado arbitrariamente de ella, ni de su derecho a cambiar de nacionalidad”. A su vez, este principio es confirmado por el Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos, Art. 16: “Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica”.

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece en su Artículo XVII el derecho de reconocimiento de la personalidad jurídica y sus derechos civiles: “Toda persona tiene derecho a que se le reconozca en cualquier parte como sujeto de derecho y obligaciones y a gozar de los derechos civiles fundamentales”. A continuación, en el Artículo XIX -Derecho a la Nacionalidad-, se indica que “Toda persona tiene derecho a la nacionalidad que legalmente le corresponda y el de cambiarla, si así lo desea, por la de cualquier otro país que esté dispuesto a otorgársela”. Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su Artículo 20, “El derecho de todo individuo a tener una nacionalidad, de la que no podrá ser privado arbitrariamente”.

Al respecto, la Constitución de la República de El Salvador de 1983, recalca en su preámbulo “el respeto a la dignidad de la persona humana, en la construcción de una sociedad más justa...” Con esta base humanística el Art. 1 indica que “El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado...” Esto significa que el Estado salvadoreño, constitucionalmente establece el parámetro principal, es decir la persona humana, para la realización de todas sus actividades; no haciendo distinción entre nacionales y extranjeros; respaldándose en el Art. 3 del mismo texto “Todas las personas son iguales ante la ley (norma de orden público). Para el goce de los derechos civiles no podrán establecerse restricciones que se basen en diferencia de nacionalidad, raza, sexo o religión...”

En este sentido el Art.90 establece que son salvadoreños por nacimiento; 

  • Los nacidos en el territorio de El Salvador
  • Los hijos de padre o madre salvadoreños, nacidos en el extranjero
  • Los originarios de los demás estados que constituyeron la República Federal de Centro América, que teniendo domicilio en El Salvador, manifiesten ante las autoridades competentes su voluntad de ser salvadoreños, sin que se requiera la renuncia de su nacionalidad de origen.

La nacionalidad es una pero en El Salvador se le da un tratamiento diferente a los nacionales de origen y a los nacionales por naturalización. Un ejemplo son ciertos cargos públicos, que solo los salvadoreños por nacimiento pueden llegar a ocupar, como el de Diputado (Art. 126 Cn), Presidente (Art. 151 Cn) o Magistrado de la Corte Suprema de Justicia (Art. 176 Cn). 

La naturalización, doctrinariamente se considera un derecho del extranjero y por ende un beneficio que otorga el poder público por medio de una entidad representante del órgano Ejecutivo, que para el caso de El Salvador, compete al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, a través de la Dirección General de Migración y Extranjería.

El Art. 92 de la Constitución establece que pueden adquirir la calidad de salvadoreños por naturalización: 

  • Los españoles e hispanoamericanos de origen que tuvieren un año de residencia en el país.
  • Los extranjeros de cualquier origen que tuvieren cinco años de residencia en el país.
  • Los que por servicios notables prestados a la República obtengan esa calidad del órgano legislativo.
  • El extranjero casado con salvadoreña o la extranjera casada con salvadoreño que acrediten dos años de residencia en el país,  anteriores o posteriores a la celebración del matrimonio.

Ciudadanía

Son ciudadanos todos los salvadoreños mayores de 18 años. Los derechos políticos del ciudadano son el de ejercer el sufragio; asociarse para constituir partidos políticos de acuerdo a la ley e ingresar a los ya constituidos; y optar a cargos públicos, cumpliendo con los requisitos que determina la Constitución y las leyes secundarias. 

Los deberes políticos del ciudadano son ejercer el sufragio; cumplir y velar porque se cumpla la Constitución de la República; y servir al Estado de conformidad con la ley. El ejercicio del sufragio comprende, además, el derecho de votar en la consulta popular directa.  

Suspensión de los derechos de ciudadanía: se suspenden por auto de prisión formal; enajenación mental; interdicción judicial; negación a desempeñar, sin justa causa, un cargo de elección popular; en este caso, la suspensión durará todo el tiempo que debiera desempeñarse el cargo rehusado. 

Pérdida de derechos del ciudadano: cuando se demuestre una conducta notoriamente viciada como por ejemplo: los condenados por delito; los que compren o vendan votos en las elecciones; los que suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del Presidente de la República, o empleen medios directos encaminados a ese fin; los funcionarios, las autoridades y los agentes de éstas que coarten la libertad del sufragio. 

En estos casos, los derechos de ciudadanía se recuperan por rehabilitación expresa declarada por autoridad competente.