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El Salvador - Refugiados

La República de El Salvador ha ratificado la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967, mediante Decreto Legislativo N° 167, de fecha 22 de febrero de 1983, publicado en el Diario Oficial N° 46, Tomo 278, de fecha 7 de marzo de 1983. 

La Ley para La Determinación de La Condición de Personas Refugiadas, creada mediante Decreto Legislativo Nº918, publicada en el Diario Oficial N° 148, Tomo 356, del 14 de agosto de 2002, establece el marco normativo sobre refugiados. A través de él se norman las condiciones de la persona refugiada, las garantías y los derechos de toda persona natural de origen extranjero a buscar y recibir refugio en el territorio nacional y salvaguardar su vida, integridad personal, libertad, seguridad y dignidad. 

La interpretación y aplicación de las disposiciones de la Ley se realizan en armonía con los principios de no discriminación, no devolución, reunión familiar, repatriación voluntaria, y en la forma que mejor garantice la eficacia de los derechos humanos y garantías fundamentales establecidas en la Constitución de la República, y en los tratados internacionales ratificados por el estado. 

Para los efectos del marco normativo, se considera refugiado:

  1. Toda persona que debido a temores fundados de ser perseguida por motivos de raza, etnia, género, religión o creencia, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda -a causa de dichos temores-o no quiera, acogerse a la protección de tal país; 
  2. Que careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país de su residencia habitual, por fundados temores a ser perseguido por motivos de raza, etnia, género, religión o creencia, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, no pueda o a causa de dichos temores, no quiera regresar a él; y, 
  3. Al que ha huido de su país de origen porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público.

Derechos y deberes de las personas refugiadas

Las personas refugiadas gozan en El Salvador de los derechos individuales y sociales, reconocidos en la Constitución, los tratados y las leyes, con las excepciones y limitaciones que los referidos instrumentos jurídicos establecen y con la obligación de respetar la Constitución, las leyes y a las autoridades de la República. 

Cada persona refugiada y los miembros del grupo familiar, deberán ser informados sobre sus derechos y obligaciones, y sobre los procedimientos referentes a la documentación y asistencia. 

  • Las personas refugiadas reconocidas como tales, tienen derecho a solicitar la reunión de su grupo familiar básico, entendiéndose por éste al cónyuge o compañero de vida, los hijos menores de 18 años y padres adultos mayores dependientes, quienes tendrán la misma condición jurídica y las mismas facilidades del miembro de la familia reconocido oficialmente como persona refugiada.
  • La repatriación de personas refugiadas es de carácter voluntario y manifestada individualmente, constituyendo para ellas un derecho inviolable. Cuando una persona refugiada expresa a la comisión a través de la secretaría el deseo de ser repatriado, la comisión comunicará a la Dirección General de Migración la respectiva resolución de cesación de la condición de persona refugiada, para los efectos correspondientes. 
  • El que haya sido repatriado voluntariamente, no perderá el derecho a solicitar nuevamente la calidad de persona refugiada, siempre que sea por causas posteriores a su repatriación y de conformidad con la ley para la determinación de la condición de personas refugiadas vigente. 

La Comisión para la Determinación de la Condición de Persona Refugiada

La Ley para la Determinación de la Condición de Personas Refugiadas crea la Comisión para la Determinación de la Condición de Personas Refugiadas  (CODER) que estará integrada por el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores o su representante y por el titular del Ministerio de Gobernación o su representante.

La Comisión es presidida por el Titular del Ministerio de Relaciones Exteriores y tiene como funciones principales las de aplicar las disposiciones de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, la Ley Para La Determinación de La Condición de Personas Refugiadas y cualquier normativa relacionada al reconocimiento, protección y asistencia de los refugiados que no contraríe los instrumentos jurídicos antes mencionados.

Asimismo, corresponde a la Comisión determinar la condición de las personas refugiadas dentro del territorio nacional; formular las políticas en materia de protección y asistencia; actuar como coordinador respecto de las instituciones estatales competentes;  propiciar la capacitación de los funcionarios responsables sobre las medidas de protección y asistencia a las personas refugiadas; coordinar  el trámite de salida de las personas refugiadas con motivo de la repatriación voluntaria; decidir sobre las solicitudes de las personas refugiadas para la reunificación familiar; vigilar la aplicación de las normativas referentes a las personas refugiadas; y en general ejercer las funciones que sean necesarias para cumplir los objetivos destinados a asegurar la protección de la población refugiada en el país.

La Comisión cuenta con una secretaría encargada de ejecutar operativamente lo relacionado con la condición de persona refugiada, para que le preste apoyo jurídico e institucional con el fin de agilizar su toma de decisiones. Asimismo, colabora con las autoridades competentes en la materia y con la Comisión en los procedimientos y competencias atribuidas a ella de acuerdo a la ley. 

Procedimiento para obtener la condición de persona refugiada 

La persona que invoque verbalmente o por escrito, bajo juramento, la condición de persona refugiada ante las autoridades migratorias, podrá permanecer temporalmente en El Salvador  hasta que la Comisión decida sobre la solicitud de refugio. 

La Dirección General de Migración solicitará a la Policía Nacional Civil, División de Fronteras, la custodia de las personas solicitantes de refugio por el término máximo de 72 horas. 

Todas aquellas personas que gocen del permiso provisional otorgado por la Dirección General de Migración, serán puestas a disposición de la organización no gubernamental de enlace designada en el país por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para su asistencia. Su domicilio en el territorio nacional es el de la organización no gubernamental de enlace. 

Una vez que la Comisión otorga el reconocimiento de la condición de persona refugiada, la Dirección General de Migración deberá expedir a la persona refugiada y a cada miembro del grupo familiar el carné de permanencia temporal especial en calidad de refugiado, que será válido en el territorio nacional por el término de un año, y podrá ser renovado por igual periodo.