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México - Derechos humanos

El Artículo 1 constitucional instituye la igualdad de garantías para todos los que se encuentren en territorio de los Estados Unidos Mexicanos y prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, entre otros, lo que fundamenta la igualdad de derechos humanos para nacionales y extranjeros. Además, el Artículo 133 establece que los tratados internacionales firmados y ratificados por México serán ley suprema de toda la unión, lo que permite la aplicación de muchos derechos contemporáneos, al margen de que no estén contenidos en las leyes y reglamentos nacionales vinculados a la migración. El gobierno de México ha firmado y ratificado instrumentos internacionales clave para la protección de derechos de los migrantes, como la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, en vigor para México desde el 1 de julio de 2003. 

A favor de la armonización con lo anterior, en julio de 2008 se derogaron los Artículos 119 al 124 de la Ley General de Población, que penalizaban la migración indocumentada en México. En esa misma fecha se reformaron los Artículos 118 y 125 de la misma ley con el fin de reducir la estancia indocumentada de extranjeros en México a una falta administrativa y no un delito como antes se preveía. Esto quedó claramente definido en la Ley de Migración de 2011, Artículo 68.  

Asimismo, en octubre de 2009 se publicó en el DOF el acuerdo por el que se emitieron las nuevas normas para el funcionamiento de las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración, que establecen con mayor claridad el quantum de debido proceso para proveer de mejor manera los derechos humanos de los migrantes cuando están en custodia del Estado mexicano, mientras se decide su situación jurídica de acuerdo con los ordenamientos migratorios aplicables. Los derechos de los extranjeros alojados en las estaciones migratorias fueron plasmados en la Ley migratoria de 2011 en los Artículos 106 al 111, donde se expresa entre otros aspectos, que deberán recibir asistencia médica, psicológica y jurídica si es requerida; tener estancias separadas para hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes o familias; obtener información sobre su procedimiento, derecho a protección consular, a solicitar la condición de refugiado, regularización, retorno asistido, visitas y a mantener la unidad familiar en todo el proceso. Además, se incluyen en esta Ley, los derechos de los extranjeros en los procedimientos deportación o retorno asistido (Artículo 119 al 123). 

En enero de 2010 se publicó en el DOF el acuerdo por el que se expidió el nuevo Manual de Criterios y Trámites Migratorios del INM, el cual incorporó criterios específicos para la regularización migratoria, así como para la estancia por razones humanitarias con permiso de trabajo a extranjeros que hayan sido víctimas o testigos de algún delito en territorio mexicano, y facilidades de estancia documentada a trabajadores fronterizos y visitantes locales guatemaltecos y beliceños en los estados de la frontera sur de México.

En febrero de 2010 se publicó en el DOF la circular por la que se instruye el procedimiento para la atención de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. Con esto se formalizó la creación de los Oficiales para la Protección de la Infancia (OPIs) y se fortaleció la capacidad de las instituciones mexicanas para proteger el interés superior y los derechos humanos de este grupo especialmente vulnerable. Directivas que se incluyen en la Ley de Migración de 2011, Artículos  73, 74 y 112.

La nueva Ley de Migración de 2011, hace especial énfasis en diversos temas relacionados con los derechos de los migrantes. En este sentido, se incluye un capítulo específico sobre derechos, Artículos del 6 al 15, donde se señala que independientemente de su situación migratoria, los migrantes tendrán entre otros, acceso a servicios educativos, de atención médica, del registro civil, derecho a la preservación de la unidad familiar, acceso a la justicia y al debido proceso, a la información y a presentar quejas en materia de derechos humanos.

También consagra en un capítulo especial, Artículos 66 al 76, lo relativo a la protección a los migrantes que transitan de manera irregular por el territorio nacional, donde se establece expresamente que la situación migratoria de un extranjero no impedirá el ejercicio de sus derechos y libertades reconocidos en la Constitución, en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado Mexicano, así como en la propia Ley. Se limita su presentación (retención), sólo a las autoridades migratorias y se les da derecho al quantum del debido proceso, asesoría y representación legal. Se da sustento legal a los grupos de protección a migrantes como los Grupos Beta y se obliga a las autoridades a desarrollar acciones específicas para proteger a grupos vulnerables: niños, niñas, adolescentes, mujeres, víctimas de delitos, personas con discapacidad y adultas mayores. Además, se prohíbe al INM realizar acciones de verificación migratoria en los albergues de migrantes de organizaciones de la sociedad civil.