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México - Refugiados

El 26 de enero de 2011 se promulgó la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, que prevé entre otros principios: no devolución, no discriminación, interés superior del niño,  unidad familiar,  no penalización por ingreso irregular y confidencialidad de la información de aquellos extranjeros que llegan al país en busca de la condición de refugiado o de protección humanitaria. 

En esta materia, le compete a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), a través de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), el reconocimiento de la condición de refugiado. Además la SEGOB, con el apoyo de la COMAR, es la encargada de la promoción y coordinación de acciones públicas, estrategias y programas orientados a la protección y asistencia de refugiados y solicitantes; la promoción de soluciones duraderas a la problemática que enfrentan los refugiados y la orientación a los solicitantes y refugiados que se encuentren en territorio nacional sobre sus derechos y obligaciones; el establecimiento de las bases y los procedimientos de coordinación entre las dependencias y entidades federales, estatales, municipales, del Distrito Federal y sus Delegaciones, que participen en la atención a refugiados; y la difusión y promoción del derecho internacional de refugiados entre otras atribuciones. 

En la nueva Ley se reconoce que una persona que tenga temor fundado de por amenaza a su vida, seguridad o libertad, puede obtener la condición de refugiado si presenta como causales las provenientes de la Convención de 1951 –raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social determinado-, así como las contendidas en la Declaración de Cartagena de 1984 –violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva a los derechos humanos u otras circunstancias que hayan afectado gravemente el orden público. Adicionalmente, se incluye la persecución por motivo de género, referido a actos de violencia sexual, doméstica y familiar, mutilación genital femenina, castigo por transgredir los valores y costumbres morales, entre otras causas, siempre que el estado de origen sea incapaz o negligente para otorgar protección efectiva. 

La propia Ley establece que cuando un solicitante no reúne los requisitos para ser reconocido como refugiado, la secretaría deberá, en cada caso, evaluar si el extranjero requiere protección complementaria para no ser devuelto al territorio de otro país en donde su vida peligre o en donde existan razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometido a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Con esta Ley, los refugiados dejan de estar en la calidad migratoria de No Inmigrantes y pasan directamente a ser residentes permanentes, como consta a su vez en el Artículo 54 de la Ley de Migración de 2011.

Al igual que la condición de refugiado, la protección complementaria otorgada podrá cancelarse solamente en los siguientes casos: 

  1. En los que se acredite que un extranjero ocultó o falseó la información proporcionada, o 
  2. Cuando desaparezcan las circunstancias que motivaron el reconocimiento de la condición de refugiado o el otorgamiento de la protección complementaria.

La Ley dispone además, que los refugiados, en virtud de las condiciones que presentan al salir de su país de origen, deberán recibir mayores facilidades para el acceso a los derechos y garantías consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos de derechos humanos ratificados por el Estado Mexicano. Los refugiados podrán dedicarse a cualquier actividad, siempre que sea lícita y obtener el documento de identidad y viaje expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores; solicitar la reunificación familiar, y obtener el documento migratorio expedido por el INM, que acredite su estancia legal en el país como refugiado.