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Uruguay - Derechos humanos

La reciente aprobación de una nueva legislación migratoria reconoce los derechos de los migrantes. La Ley 18250 deroga la “Ley de extranjeros” de 1936 y disposiciones conexas, en la que primaba un enfoque de la seguridad nacional y la inmigración selectiva. 

La nueva ley se armoniza con los estándares internacionales en la materia incorporados en la Convención Internacional sobre la Protección de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias, ratificado por Uruguay el 15 de febrero de 2001.

Desde su primer artículo se reconocen los derechos inalienables de las personas migrantes y sus familiares, estableciendo que “El Estado uruguayo reconoce como derecho inalienable de las personas migrantes y sus familiares sin perjuicio de su situación migratoria, el derecho a la migración, el derecho a la reunificación familiar, al debido proceso y acceso a la justicia, así como a la igualdad de derechos con los nacionales, sin distinción alguna por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición”. 

En la Constitución de Uruguay no existe una referencia explícita a la protección igualitaria para extranjeros ante la ley; sin embargo, se ha interpretado que la igualdad y el principio de no discriminación aplica tanto a nacionales como a extranjeros.  Se reconoce también el derecho al trabajo, aunque en el Artículo 53 constitucional se establece una preferencia para los nacionales en el mercado laboral. También se reconoce la obligación del Estado uruguayo de procurar la integración social y económica de los Estados latinoamericanos, así como los recursos que pueden interponerse ante decisiones tomadas por los órganos de la administración pública.