Imprimir

Uruguay - Regulación de entrada y estadía de migrantes

La Constitución de la República Oriental del Uruguay establece que es libre la entrada de toda persona en el territorio de la República, su permanencia en él y su salida con sus bienes,  observando las leyes y salvo perjuicios de terceros.   

Acerca del control del ingreso y egreso al territorio de Uruguay, la ley 18250 en su Artículo 40 establece que éstos deberán realizarse por los lugares habilitados, y con la documentación que la  reglamentación determine.

De acuerdo con la misma norma, los extranjeros son admitidos bajo las categorías de residentes temporarios o permanentes, y no residentes. El residente permanente es el extranjero que ingresa al país con el ánimo de establecerse definitivamente y esta categoría se extiende a los familiares directos.  Los residentes temporarios ingresan al país a desarrollar una actividad por un plazo determinado, ya sean trabajadores migrantes, investigadores, profesionales, estudiantes, empresarios, periodistas, artistas, religiosos y solicitantes de asilo.  El no residente es aquel extranjero que ingresa al país sin ánimo de permanecer en forma definitiva o temporal en territorio uruguayo.

El rechazo de ingreso de extranjeros ocurre cuando no existe documentación necesaria; se haya incurrido en actos de genocidio, crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad o cualquier violación a los derechos humanos; cuando anteriormente la persona haya sido objeto de expulsión o condenada por tráfico o trata de personas, tráfico de drogas y tráfico de armas; o cuando el extranjero haya intentado ingresar al país eludiendo el control migratorio o por razones de orden público o sanitario.  Asimismo, se procederá a la denegación de residencia cuando el extranjero haya sido procesado o condenado por delitos comunes cometidos en el país o en el exterior, o que registre una conducta reiterante en la comisión de delitos.  

Algunas causales de expulsión del territorio son: el ingreso eludiendo el control migratorio, permanecer en el país una vez vencido el plazo autorizado de permanencia o ingresar al país utilizando documentos falsos.  En estas situaciones se insta al extranjero a regularizar su situación y las resoluciones administrativas que disponen la expulsión pueden ser objetadas, protegiendo -en todo momento- los derechos de las personas migrantes.