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Uruguay - Delitos vinculados con la migración

El nuevo marco normativo de migración en Uruguay  integra los delitos de trata y tráfico de personas, aunque al respecto asume un enfoque de represión del delito, ya que no se establece ningún tipo de coordinación interinstitucional a los efectos de implementar acciones de prevención. No obstante ello, la Junta Nacional de Migración está habilitada para implementar en el futuro acciones que puedan servir en esa dirección, así como contar con la asesoría del Consejo Consultivo Asesor de Migración, integrado por las organizaciones sociales y gremiales relacionadas con la temática migratoria. 

Las inobservancias a la Ley de Migración tienen como sanción el pago de multas, aunque existen algunas excepciones –por ejemplo, para personas que se encuentren en situación de pobreza–.  En el caso del tráfico de personas, se prevé prisión con una duración de seis meses a tres años.  La misma pena aplica para las personas que hayan favorecido la permanencia irregular de migrantes.

Tráfico de personas

La ley establece que será castigado con una pena de seis meses a tres años de prisión a quien promoviere, gestionare o facilitare de manera ilegal el ingreso o egreso de personas al territorio nacional por los límites fronterizos de la República, con la finalidad de obtener un provecho para sí o para un tercero.  

Trata de personas

En el caso de trata de personas (entendida como el reclutamiento, transporte, transferencia, acogida o recibo de personas para el trabajo y servicios forzados, esclavitud o prácticas similares, servidumbre, explotación sexual, remoción y extracción de órganos o cualquier otra actividad que menoscabe la dignidad humana) , la pena será prisión con una duración de cuatro a dieciséis años.  Se aplicará lo relativo a la Ley 18.026 (2006), a favor de los denunciantes, víctimas, testigos y familiares.   

La Ley de Migraciones contempla en su Artículo 79 algunas causales que pueden ser agravantes en el castigo de estos delitos: (1) cuando se ponga en peligro la salud o integridad física de los migrantes; (2) cuando se trate de menores de edad; (3) cuando se trate de una autoridad migratoria o policiaca; (4) cuando los delitos se realicen con violencia, intimidación, engaño o abuso de la inexperiencia de la víctima; y (5) cuando se trate de reincidencia.  Entre las instituciones creadas para el combate a la trata de personas se encuentran una Comisión Interinstitucional constituida por diversos órganos estatales y de la sociedad civil y el Comité para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y no Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes.

Otras normas aprobadas por la República Oriental del Uruguay en materia de migración y trata  de personas.

  • Ley 17815, del 6 del septiembre de 2004. Violencia sexual comercial o no comercial cometida contra niños, adolescentes o incapaces.
  • Decreto 330/008, de 14 de julio de 2008.  Reglamentación del Artículo 76 de la ley 18250 de enero de 2008, referente a consejos consultivos. Se autoriza a los ciudadanos uruguayos con más de dos años de residencia en el exterior que decidan retornar en forma definitiva a la República, a introducir -exento de toda clase de tributos o gravámenes- determinados bienes.
  • Decreto 357/008, del 23 de julio de 2008. Creación de la Oficina de Retorno y Bienvenida, dependiente de la Dirección General para Asuntos Consulares y Vinculación, del Ministerio de Relaciones Exteriores.
  • Decreto 559/008, del 24 de noviembre de 2008. Reglamentación del Artículo 74 de la ley 18250 del 6 de enero de 2008, referente a consejos consultivos.
  • Decreto ley 15185, del 29 de septiembre de 1981. Incorporación de la Dirección Nacional de Migración a la Ley Orgánica Policial como una de las unidades dependientes del Ministerio del Interior (Art. 9). 
  • Ley 18211, del 5 de diciembre de 2007. Sistema Nacional Integrado de Salud Normativa, referente a su creación, funcionamiento y financiación.
  • Ley 18315, del 5 de julio de 2008. Marco normativo para el procedimiento policial. 
  • Ley 16929, del 13 de abril de 1998. Pensión a la vejez o invalidez. Se dispone que no pierden el derecho a las mismas los ciudadanos uruguayos que residan en la República Federativa del Brasil o en la República Argentina bajo las condiciones que se determinan.
  • Ley 18362, del 6 de octubre de 2008. Creación de Juzgados Letrados de Primera Instancia en materia penal con especialización en crimen organizado. Los mismos tienen competencia en todo el territorio nacional –entre otros– para los delitos de trata y tráfico de personas.
  • Ley 18390, del 24 de octubre de 2008.  Creación de Fiscalías Letradas Nacionales en materia penal con especialización en crimen organizado, teniendo competencia en relación a los delitos de trata y tráfico de personas.
  • Decreto 385/004, del 27 de octubre de 2004. Creación del Comité para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y no Comercial, bajo la presidencia del Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay (INAU).
  • Decreto del Poder Ejecutivo, del 8 de diciembre de 2000. Creación del Comité para la  erradicación del trabajo infantil, bajo la dirección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.