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Chile - Tendencias y características de la política migratoria desde fines del siglo XX a la actualidad

Descripción de la gestión y política migratoria en Chile (1990-2010)

La política y la gestión migratoria en Chile se orientan a regular el proceso migratorio, de manera que beneficie tanto a los migrantes, como a las comunidades de origen y destino. Esta política se inspira en los Derechos Humanos de las Personas Migrantes y la relación sinérgica de la migración con el desarrollo y la seguridad humana.  Además, se ha propuesto prevenir y combatir los efectos negativos de las migraciones, como son la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes.

Chile hoy experimenta una “nueva inmigración”, que es reciente y proviene principalmente de Sudamérica. Sus principales características son su espontaneidad y su finalidad eminentemente laboral; con un tipo de migrante que se caracteriza porque su procedencia, costumbres sociales y laborales son de tipo urbana. Se trata de migración mayoritariamente femenina y que se incorpora en el país al desarrollo de labores relacionadas con la mano de obra, la construcción, la industria y el servicio doméstico y que también incluye, aunque en menor medida, a profesionales.

Desde el punto de vista de la evolución de la gestión y política migratoria, en el contexto de constante crecimiento de los flujos inmigratorios, ha sido posible visualizar que la acción gubernamental ha ido incorporando progresivamente conceptos relacionados con la integración de los inmigrantes a Chile como sociedad de acogida. De esta forma, se observa que a partir de reformas a la legislación migratoria a inicios de la década del noventa, se avanzó luego en la modernización de la gestión; en la suscripción de compromisos con los derechos humanos de los trabajadores migrantes; hasta incorporar en un programa de gobierno compromisos explícitos en materia migratoria. Esta evolución en la mirada respecto de las migraciones internacionales permitieron que en el año 2008 se dictará un Instructivo Presidencial sobre Política Nacional Migratoria, que define a Chile como un país de acogida, adecuadamente abierto a los flujos de inmigrantes en un contexto de respeto a la institucionalidad democrática, la Constitución y las leyes.

Teniendo como referente los compromisos internacionales que Chile ha asumido en esta materia, con especial atención a la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, el Instructivo Presidencial incorpora una serie de ejes que orientan la acción gubernamental, como la necesidad de integración de los inmigrantes; el tratamiento bilateral y multilateral de los fenómenos migratorios bajo la óptica de responsabilidad compartida; la necesidad de promover la migración segura, y también de otorgar un tratamiento diferenciado a las personas que presenten especiales condiciones de vulnerabilidad como son los refugiados y asilados. Junto a lo anterior, el Instructivo define una serie de principios que deberán guiar la acción estatal, destacándose que su aplicación trasciende la situación de regularidad migratoria del trabajador migrante.

En un ámbito más específico, desde la lógica de la evolución de la política migratoria en Chile, es posible mencionar que en el Gobierno del Presidente Patricio Aylwin (1990-1994), se desarrolló el primer proceso de actualización de la legislación migratoria, introduciendo importantes modificaciones en la ley que permitieron recoger compromisos internacionales asumidos por Chile en relación con los refugiados, así como también, generar un marco regulatorio que respondiera a la mayor movilidad de ciudadanos extranjeros hacia Chile. Se implementó igualmente el primer programa de Apoyo al Retorno, beneficiando principalmente a las personas víctimas del exilio y violación de sus derechos humanos durante el gobierno militar (1973-1990).

Frente al desafío de la “nueva inmigración”, el Gobierno del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1995-2000), realizó el primer proceso extraordinario de regularización migratoria que, en su primera etapa, benefició a alrededor de 23.000 ciudadanos extranjeros con permisos de residencia temporal, y que se consolidó con el otorgamiento de cerca de 18.000 permisos de permanencia definitiva. 

El Gobierno del Presidente Ricardo Lagos (2001-2006), promovió la modernización de la gestión desde una perspectiva política y técnica.  En el ámbito político, generó una comisión de política migratoria que elaboró un primer texto que resume la visión del Gobierno sobre el fenómeno de las migraciones internacionales.

También como parte de la política migratoria desarrollada en el periodo, Chile ratifica la Convención sobre Trabajadores Migratorios y sus Familias, así como también el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de Personas, y el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, complementarios de la Convención contra el Crimen Organizado Transnacional.

Estas iniciativas servirán como base para el establecimiento de los objetivos que en el ámbito migratorio definiera la Presidenta Bachelet en su programa de Gobierno.

Un aspecto adicional es la decisión de las autoridades con respecto al reconocimiento de la nacionalidad de los hijos e hijas nacidos en el extranjero de padre y/o madre de nacionalidad chilena.  Para ello, se realizó la reforma constitucional sobre nacionalidad,  incorporando el principio del ius sanguinis, que posibilita que los hijos e hijas de chilenos nacidos en el exterior, sean reconocidos también como chilenos.

En el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet (2006-2010) se incorporaron referencias explícitas a la temática migratoria. Un hito relevante fue el compromiso de hacer frente a la migración irregular, para lo cual el Gobierno de Chile impulsó un segundo proceso extraordinario de regularización migratoria desarrollado entre octubre de 2007 y febrero de 2008. A través de él las personas migrantes de nacionalidad latinoamericana y del Caribe en situación irregular podían solicitar su permiso de residencia en el país. Este proceso permitió que 49 mil inmigrantes pudieran acceder a la regularización de su condición de residencia.

Como una expresión de la voluntad de explicitar una posición sobre las migraciones, con fecha 2 de septiembre de 2008, la Presidenta de la República impartió las “Instrucciones sobre la Política Nacional Migratoria”, que constituye la base de la gestión migratoria en su periodo de gobierno. En dicho documento, se recogen los principios que inspiran la gestión migratoria y los derechos a resguardar.  Destaca que la visión sobre los flujos migratorios en Chile deben observarse desde el prisma de los derechos humanos, y se define a Chile como un país de acogida a los migrantes, señalando que “Chile como país adecuadamente abierto a las migraciones, busca la recepción no discriminatoria de los migrantes que decidan residir en el país, en acuerdo a las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y suscritos por Chile”.  

Principales lineamientos de la gestión migratoria para el periodo 2010- 2014

El Programa de Gobierno 2010- 2014 del Presidente Sebastián Piñera establece, en el capítulo IV denominado “Hacia una sociedad de valores con calidad de vida” y en el subtítulo referido a Fortalecer los Derechos Humanos, una especial preocupación por los inmigrantes, fundamentalmente en lo que se refiere al establecimiento de una política clara contra la discriminación y para favorecer la igualdad de trato en una sociedad democrática. 

Se indica en el Programa de Gobierno que una Política de Estado en materia de protección y promoción de los Derechos Humanos impone preocuparse, entre otros, de los siguientes aspectos:

  • Fortalecer y ampliar los derechos de las personas, reforzando su consagración normativa e institucional, procurando además incluir dimensiones no cubiertas, y asegurando de esta forma una sociedad más plural e integrada.
  • Corregir o erradicar trabas, requisitos o normas que impidan la plena vigencia y disfrute de los derechos de las personas.
  • Promover una política de difusión de los derechos humanos para un mejor conocimiento y valoración de la sociedad.
  • Promover una política de respeto de todas las personas, independiente de su orientación religiosa, política, sexual, u origen étnico o racial, velando porque no existan discriminaciones arbitrarias contra las minorías.

Junto con los criterios generales que se establecen en el Programa de Gobierno, la observación de la realidad inmigratoria en Chile da cuenta de un diagnóstico que considera los siguientes aspectos.

  • El marco legal que regula la inmigración en Chile es del año 1975 y por lo tanto, no da cuenta de la realidad de la movilidad internacional de las personas que hoy enfrenta el país.
  • Existe la necesidad de fortalecer la institucionalidad pública que se encarga de administrar el fenómeno de las migraciones.
  • Se observa una creciente necesidad de coordinar a diversos actores estatales para responder a los requerimientos de la población inmigrante en Chile.
  • Se observa una debilidad en el uso y desarrollo de tecnologías de la información que sirvan para mejorar la gestión y atención de los usuarios de los servicios migratorios.

Frente a este diagnóstico, los desafíos que han sido planteados a partir del Programa de Gobierno en materia migratoria, incorporan:

  • La definición de una política migratoria moderna, que se traduzca en la implementación de la nueva Ley de Migración y Extranjería, y que incorpore: principios rectores de la gestión migratoria; que permita la modernización de las categorías de residencia; y la adecuación de la normativa a los convenios internacionales suscritos por Chile. 
  • La elaboración de un Plan de Modernización que tienda a mejorar la gestión del sistema migratorio en Chile, y que incorpore: avanzar en el desarrollo de tecnologías de información que permitan respuestas oportunas con seguridad; reducir tiempos de respuesta a las solicitudes de los usuarios; mejorar los sistemas de información disponibles para los usuarios; y mejorar las comunicaciones entre los organismos públicos involucrados en la gestión migratoria, a fin de lograr una mayor interoperabilidad entre los actores del sistema.
  • La implementación de la Ley N° 20.430 del 15 de abril de 2010, que establece disposiciones sobre protección de refugiados, a través del impulso de iniciativas como: aplicar el Reglamento de la Ley que establece medidas para la protección de refugiados, dictado por Decreto N° 837 del Ministerio del Interior, que se encuentra en último trámite en la Contraloría General de la República; mejorar los tiempos de respuesta a las solicitudes de asilo presentadas por los usuarios, y avanzar en temáticas relacionadas con la integración de los refugiados en Chile y la búsqueda de soluciones duraderas, en coordinación con agencias estatales y organizaciones de la sociedad civil relacionadas con la temática.